La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad ha aprobado pedir al Gobierno que incorpore la perspectiva de género en las políticas y acciones que se lleven a cabo en materia de discapacidad, con especial atención a la prevención de la violencia machista.

La iniciativa presentada por el PP, a la que se ha sumado una enmienda de Ciudadanos, ha sido respaldada por 18 votos a favor, mientras que otros 18 diputados se han abstenido (PSOE y Unidos Podemos). La proposición no de ley explica que las mujeres con discapacidad siguen sufriendo muchas veces de forma muy sutil “el grave y alarmante problema del aislamiento social“.

“Muchos de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad son evitables; por ello es necesario, tomando en consideración los instrumentos legislativos de los que disponemos, incorporar la perspectiva de género de forma transversal en las políticas y acciones en materia de discapacidad”, añade. En la defensa de la iniciativa, la diputada popular María Dolores Marcos Moyano ha destacado la importancia de algunas de las políticas aprobadas por el Gobierno, como la mejora de la accesibilidad del teléfono 016 de ayuda a las víctimas de violencia de género que permite a las personas sordas acceder a ese servicio a través del sistema de videointerpretación SVisual.

Durante el debate, la portavoz socialista, Ángeles Álvarez ha explicado que su grupo se ha abstenido porque la proposición del PP no concreta ninguna medida y ha anunciado que el PSOE sí que va a hacer propuestas en este sentido, a través de una iniciativa que presentará en el Parlamento. “Llevan ya varios años gobernando y poco han hecho por mejorar la accesibilidad” de las mujeres y las niñas con discapacidad, ha asegurado Álvarez.

La diputada de Podemos Nayua Miriam Alba también ha opinado que la iniciativa aprobada hoy “es un texto genérico, que no propone nada”. Ha sugerido por ejemplo, que se amplíe en la definición de violencia de género, la que ejercen los cuidadores sobre mujeres con discapacidad que son maltratadas “y que están desamparadas” frente a estas agresiones, además de contratar a intérpretes para facilitar las denuncias en comisarías o en las casas de acogida.

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