En España 80.000 personas no pueden votar por alguna incapacitación.

Tienen un coeficiente intelectual menor a 70 y han sido declaradas judicialmente como incapacitadas. Estas personas, además de sufrir discriminaciones laborales y sociales se ven privadas de un derecho básico: el derecho al voto.

Sin embargo, este criterio no es suficiente para denominar una persona como incapacitada: a un niño le puede costar más aprender a leer, pero lo acabará haciendo -a su ritmo- y puede convertirse en un gran lector.
De hecho, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU declaró que estas personas podían votar. Además, afirman que se incumple el artículo 24 de la Constitución española que “reconoce este derecho y configura cómo debe poder ser ejercido”.

En las elecciones generales de 2015, 96.418 personas no pudieron votar por ser discapacitados intelectuales. Los próximos comicios, las elecciones autonómicas de Cataluña del 21 de diciembre, serán 14.650 catalanes los que no podrán votar.

La actual Ley de Régimen electoral prejuzga la calidad del voto y no respeta el marco constitucional, pues la Constitución habla de libertad. Por contra, en España actualmente a ninguna persona se le pide una explicación o valoración sobre el partido o candidato al que vota.

Desde el colectivo, creen que la razón principal por la cual no se deja votar a estas personas es por el riesgo de que sean manipuladas, pero no se debería penalizar a quien desea votar, sino a quien quiere manipular. Por eso, piden formas de apoyo en el proceso de toma de decisiones y penalizar cuando se intente influir sobre la libertad de elección.

Ahora, seis años más tarde de que Naciones Unidas instara al Gobierno español a modificar la LOREG, el Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para cambiarla y no penalizar a las personas con discapacidad. Un avance del que los afectados se sienten orgullosos y que cree que les permitirán acabar con el “Guantánamo” en el que viven.

El Hemiciclo ha acordado, con el apoyo de todos los grupos, estudiar la reforma de la ley electoral.

http://famma.org