La fundación CERMI Mujeres con el apoyo del Foro Europeo de la Discapacidad, han pedido poner fin a la esterilización “forzosa” de niñas y mujeres en España, una práctica que, hasta la fecha, resulta legal en el territorio nacional como así viene recogida en el artículo 156 del código penal.

Datos facilitados por el Consejo General del Poder, han sacado a la luz más de 140 casos que han sido llevados a cabo solo en el año 2016, aunque según informes de las propias ONG, estos podrían llegar a ser más de un millar en los últimos diez años.

La petición, que ha coincidido con el día Internacional de Tolerancia Cero contra la mutilación genital femenina, pide la rescisión de la normativa que engloba dicha práctica, inclusive de forma específica si fuera dirigida a personas con discapacidad.

CERMI, quiso dejar claro que los argumentos como: el bienestar de la persona o su incapacidad para ser madre en el caso de las mujeres, no deberían justificar tales operaciones “forzosas”.

Las consecuencias derivadas de la esterilización “forzosa” van un paso más allá de la incapacidad reproductiva para llegar a otros efectos como las alteraciones en el desarrollo, la ansiedad y la depresión.

Ana Peláez, vicepresidenta de CERMI y del Foro Europeo de la discapacidad, añadió que se trata de la negación del derecho a la maternidad y la pérdida de identidad que sufren algunas mujeres al no desarrollar el rol social que se les asocia.

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