Castilla-La Mancha es la segunda CCAA que más ha incrementado porcentualmente el número de beneficiarios en el último año, y ha incorporado a 17.102 al Sistema desde julio del año 2015

El director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Javier Pérez, durante su comparecencia en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha incrementado en 48 millones de euros, un 11,44 por ciento, el presupuesto destinado globalmente a dependencia, que ha pasado de 372 millones en 2015 a 420 millones en 2018, lo que ha supuesto el fortalecimiento y la mejora de la prestación de los servicios sociales.

Así lo ha destacado el director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Javier Pérez, durante su comparecencia en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes regionales con el objetivo de informar, a petición del PP, de las políticas desarrolladas en materia de dependencia.

Pérez ha destacado que la mejora del sistema de dependencia es “constatable” desde último trimestre de 2015, en especial en el área de mayores y personas con discapacidad, y que avanza “en positivo” gracias, entre otras cosas, a que se han generado más empleos en el sector y a una mayor financiación por parte del Ejecutivo autonómico en esta materia.

El director general se ha referido también al último informe del Observatorio Estatal de Dependencia, que refleja que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma que más ha incrementado porcentualmente el número de beneficiarios en el último año.

En este sentido, ha resaltado que, según datos del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, el Gobierno regional ha incorporado 17.102 beneficiarios al sistema de dependencia desde julio de 2015 hasta llegar a los 51.790 usuarios frente a los 34.688 existentes en julio de 2015, lo que supone un aumento del 49 por ciento.

Estas 51.790 personas se benefician de 62.600 prestaciones, por lo que el Gobierno que preside Emiliano García-Page ha aumentado en 15.540 el número de prestaciones, un 33 por ciento más que al inicio de legislatura.

Pérez ha añadido que en la actualidad hay más de 85.000 personas que han solicitado reconocimiento en el sistema de dependencia y ha afirmado que la Consejería está “orgullosa” de la labor realizada hasta la fecha por las 137 personas que trabajan en esta materia.

Ha reconocido que queda trabajo por hacer, pero ha considerado que la región “crece cada día” y que no está abocada “a la dejadez, la desidia o la sumisión”.

También ha señalado que en este esfuerzo por mantener el sistema deben implicarse todos, incluido el Ejecutivo central, al que ha reclamado los 353 millones de euros que adeuda al Gobierno autonómico en esta materia.

“La solidez del sistema puede quedar en un mero intento si el Gobierno de España no aporta la financiación necesaria”, ha subrayado el director general.

Por otra parte, ha informado de que, según los últimos datos conocidos, hay 14.318 usuarios de Ayuda a Domicilio, 7.129 más que en julio de 2015; y 9.765 de Teleasistencia, 4.893 más que en julio de 2015.

Con relación al número de beneficiarios de Centros de Día, hay 3.205 frente a los 2.156 de julio de 2015.

Sobre el número de personas atendidas en plaza residencial, ha precisado que hay 12.119, 2.137 más que en julio de 2015; y 4.915 usuarios del Servicio de Promoción de Autonomía Personal, 1.328 más.

Respecto al número de personas que perciben una prestación económica vinculada al servicio, son 5.135, 2.351 beneficiarios más que en julio de 2015, un 84 por ciento más.

Y en cuanto al número de personas que perciben una Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), hay 13.124.

También ha resaltado que frente a las 3 PECEF concedidas por el Ejecutivo anterior durante sus cuatro años de mandato, el actual Gobierno ha concedido 2.561 en 31 meses.

Además, ha agregado que no se ha realizado “ni una sola revisión de oficio, a excepción de las pautadas por edad a los menores, a ninguna persona dependiente, ni se ha quitado una sola prestación económica previamente concedida”.

Sin embargo, la diputada del PP Cortes Valentín ha alabado la gestión de María Dolores de Cospedal durante su mandato y ha dicho que quien tiene una deuda con los dependientes es Page, ya que a fecha 31 de diciembre de 2017 se habían perdido 3.869 prestaciones, había 6.671 expedientes sin resolver y 11.654 personas dependientes sin asistencia.

Por su parte, el diputado del grupo socialista José Luis Escudero ha destacado que un 4,22 por ciento de la población ha solicitado su reconocimiento como dependiente y ha matizado que “se ha pasado del desmantelamiento del sistema por parte de Cospedal a su reconstrucción, con mucho esfuerzo y después de cuatro años durísimos”.

Además, la parlamentaria de Podemos María Díaz ha apuntado que su grupo siempre ha apostado por que se invierta “lo necesario” en dependencia, tanto en recursos económicos como humanos.

Díaz ha abogado por dar “un paso definitivo” para cambiar el decreto que debe regular el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia que, según el director general, se está ultimando para iniciar el proceso de revisión y en breve saldrá a información pública.

APROBADA COMPARECENCIA DE ASOCIACIONES

Por otra parte, la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad para la IX Legislatura ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos las comparecencias que van a realizar las diferentes asociaciones de personas con discapacidad de la región para explicar sus demandas.

En concreto, se ha acordado la visita de la Federación castellano-manchega Aspace (que representa a personas con parálisis cerebral), la Federación de Salud Mental, la Federación Regional Luna (organización de mujeres con discapacidad), Fesor Mancha, la ONCE y ADACE Castilla-La Mancha (de daño cerebral).

También se ha aprobado la visita de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Faspas, Aspaim, la Federación Regional de Autismo, la Federación de Síndrome de Down, las entidades adheridas a Asem, Feacem, la Federación Inclusiva de Castilla-La Mancha, Facam, TDAH y el Fórum de la Discapacidad de Cuenca.

Por otra parte, la Comisión ha aprobado las visitas institucionales que van a realizar los parlamentarios a lo largo de lo que queda de la legislatura para conocer los recursos del sector asociativo de la discapacidad en Castilla-La Mancha.

En Toledo, se ha acordado visitar Aspace, Down Toledo, Apanas, Adace Castilla-La Mancha y Apat.

En Tomelloso (Ciudad Real), se visitará Afas, Puertas Abiertas, Fundación Cadisla y el colegio educación especial Ponce de León.

En Albacete, Amiab, Afaes, la residencia de Cocemfe y Asprona; en Cueca el Fórum de la Discapcidad, Apromips, Aspaim y Apacu y en Guadalajara las Encinas, Apanaj y Ada en Azuqueca de Henares.

COMUNICADO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

De otro lado, la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad ha acordado emitir un comunicado para rechazar la discriminación sufrida por una mujer con síndrome de Down que fue expulsada de una charla comercial en un hotel de Motilla del Palancar (Cuenca).

Durante la comisión, el diputado del grupo socialista José Luis Escudero ha propuesto manifestar el compromiso de las Cortes de Castilla-La Mancha en contra de la discriminación a través de un comunicado.

Escudero ha explicado que la Consejería de Bienestar Social está en contacto con la familia de esta mujer de 49 años para estudiar la posible vulneración de derechos fundamentales tras su expulsión de un acto porque, al parecer, podía asustar a la gente.

El parlamentario socialista ha asegurado que la diversidad “nos enriquece como sociedad” y ha tachado de “intolerable la humillación y la discriminación a la que ha sido sometida esta persona.

En la misma línea, la diputada del PP Cortes Valentín ha manifestado su rechazo a este tipo de actitudes, a la vez que el diputado de Podemos David Llorente se ha mostrado en contra de que la diversidad funcional pueda suponer discriminación.

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