Es la primera vez que una comunidad promulga una legislación para garantizar el cuidado de los discapacitados con autonomía limitada cuando no tengan familia. Más de 35.000 personas se beneficiarán de esta normativa pionera, que cuenta con un presupuesto de cinco millones para 2018.

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla‑La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de su ley “con más alma”. Concretamente, el Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García‑Page ha dado luz verde a su normativa de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, que garantizará la tutela y el apoyo residencial para aquellas personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía en la toma de decisiones y que no tengan familia.
Una legislación pionera y novedosa en España con la que Castilla‑La Mancha vuelve a poner sobre la mesa, como ya hiciera con la primera iniciativa legislativa europea contra la violencia de género, “un avance cualitativo en derechos”, dando respuesta a la “angustia” de muchos padres de personas con discapacidad sobre lo que pasará con sus hijos cuando ellos falten, máxime cuando la esperanza de vida ha aumentado. Así lo ha subrayado el propio García-Page durante su comparecencia, junto a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el equipo de la Consejería, para presentar el proyecto de ley recién aprobado.
La nueva normativa tiene como objetivos garantizar un sistema de apoyos y residencial para las personas con discapacidad gravemente afectadas, más de 35.000 actualmente en la región. Para conseguirlo, detallaba la consejera de Bienestar Social, se elaborará para cada persona un “plan de futuro”, en el que su familia y un agente mediador puedan manifestar sus preferencias para esa persona de cara al futuro, cuando sus cuidadores ya no estén.
Se trata de una ley que va a decir con claridad a los padres, madres y familiares directos de personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía, que pueden vivir “tranquilos” porque cuando llegue el momento “en esta tierra será un derecho que sus hijos sean perfectamente atendidos, sin excusa presupuestaria”, detallaba el presidente autonómico por su parte.
Para ello, en el marco de esta ley se crearán unidades de orientación y apoyo, se dotará al sistema con plazas de agentes mediadores, y se habilitará una oficina regional, cuya sede será la Fundación Sociosanitaria, estableciéndose asimismo un registro de planes de futuro regional.
Por su parte se ofrecerá también una garantía residencial para aquellas personas con discapacidad que no tengan capacidad para la toma de decisiones y que no cuenten con apoyos familiares, de modo que no solo tendrán el acceso garantizado a la red residencial de la región, sino que tendrán preferencia frente a otros usuarios.
Medidas que se implementarán desde la Consejería de Bienestar Social en colaboración con la de Sanidad, y para las que el Presupuesto de 2018 ya contempla una partida de 5 millones de euros, con los que se crearán no solo las unidades de orientación y apoyo y la oficina regional, sino también las plazas especializadas en centros asistenciales. Así, desde el departamento que dirige Sánchez se crearán más de 400 plazas residenciales especializadas, en centros de día y de atención temprana; mientras que desde la Consejería de Sanidad se habilitarán otras 85 plazas para personas con trastorno mental.

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