Con una discapacidad del 66%, la han desalojado en ambulancia entre protestas de vecinos y activistas de la PAH y Amnistía Internacional
Naciones Unidas había instado a evitar “los daños irreparables” que supondría este desahucio
El Gobierno de Castilla-La Mancha afirma haberle ofrecido ayudas de emergencia social y acogida que ha rechazado
En Amnistía Internacional consideran que esta opción “no es válida para solucionar” el problema de Safira ya que “podrían desalojarla de allí de nuevo”

Safira Sánchez sale de su domicilio asistida por sanitarios

En ambulancia y rodeada de las protestas de decenas de ciudadanos, políticos y activistas. Así ha sido desahuciada de su vivienda Safira Sánchez, una vecina de Guadalajara que tiene un 66% de discapacidad. Más de 30 efectivos policiales han acudido desde la madrugada al domicilio tras la movilización llevada a cabo desde la PAH de Guadalajara y Amnistía Internacional en contra del desahucio, por considerar que se producía con ello una vulneración de los derechos humanos.

La convocatoria para apoyar a Safira ha llevado a decenas de personas y activistas a acudir a la vivienda para mostrarle su apoyo e intentar impedir el desahucio, lo que al final no ha sido posible. Antes de la llegada de la comisión judicial para hacer cumplir la orden de desahucio del juzgado de Guadalajara, han entrado al domicilio efectivos sanitarios para atenderla. Allí, un grupo de activistas de la PAH ha pasado la noche con ella y su madre. Después, los sanitarios la han acompañado fuera de la vivienda hasta la ambulancia, que la ha trasladado al hospital entre insultos de los manifestantes hacia la policía.

La orden de desahucio de Safira dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara se ha producido a pesar de la oposición manifestada por el Comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC).

Este organismo admitió a trámite en septiembre una denuncia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara (PAH) en la que solicitó al Gobierno español y a este juzgado una solución habitacional para Safira, que sufre una discapacidad del 66% y una enfermedad rara cardiovascular, con el objetivo de evitar “daños irreparables”. Muchos de los activistas congregados hoy en el domicilio, entre ellos el diputado regional de Podemos, David Llorente, han portado cascos azules (símbolo de las fuerzas de paz de la ONU) como recordatorio de este criterio de la organización internacional.

El lanzamiento, previsto para el 22 de octubre, fue pospuesto en dos ocasiones anteriores: primero el 25 de junio y posteriormente el 11 de septiembre. Finalmente, se ha llevado cabo. “Se han vulnerado los derechos humanos”, ha comunicado a  @404Comunicacion su abogado al término del desahucio:

El problema de Safira se remonta al año 2014, cuando ocupó esta vivienda, catalogada entonces como de protección oficial (VPO). Tomó esta decisión, según relata ella misma, después de que los servicios de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha no le ofrecieran anteriormente ninguna vivienda social. La casa, adquirida por la entidad bancaria Kutxabank después de haber desalojado a otra familia por impago de la hipoteca, llevaba al menos 10 años vacía y se encontraba muy deteriorada. Durante los tres años siguientes, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, el banco incumplió con su obligación de ponerla en alquiler como vivienda protegida e impidió regularizar la situación de Safira como inquilina.

En 2017, cuando el inmueble perdió su condición de vivienda protegida, el banco denunció a Safira con el objetivo de forzar su desalojo y “poder vender la vivienda a coste de mercado para continuar especulando con nuestro derecho a techo”, sostienen desde esta plataforma.

Un grupo de activistas de PAH Guadalajara han apoyado a Safira
Un grupo de activistas de PAH Guadalajara han apoyado a Safira Nando Rivero

El Gobierno castellano-manchego ha ofrecido “diferentes alternativas”

Al respecto se ha pronunciado también el Gobierno castellano-manchego. La delegación de la Junta en Guadalajara subraya que el “desalojo” de esa vivienda no ha sido promovido ni dictado por la Administración autonómica, sino que es resultado de un un procedimiento judicial instruido a petición de la entidad bancaria. Añade que el hecho de que estuviera ocupada de manera irregular ha impedido a la Administración otorgarle “una solución habitacional definitiva” y que el Gobierno “no puede saltarse” el listado de 2.000 personas en espera de vivienda social en la provincia.

Pero afirma el Ejecutivo regional que desde la Dirección provincial de Bienestar Social se han facilitado desde el primer momento “diferentes alternativas” como una ayuda de emergencia social que le permita encontrar una vivienda alternativa a la ocupada; un alojamiento temporal para situaciones de emergencia social; o acogida en un centro de atención residencial para personas sin alojamiento, entre otras opciones. “Hasta la fecha, la interesada no ha aceptado ninguna de las alternativas ofertadas”.

Además de ello, afirma que ha propuesto la coordinación con los Servicios Sociales municipales de Guadalajara para buscar “todo el apoyo familiar y social posible”, de tal manera que “esta persona pudiera disponer de un itinerario personalizado de atención social, familiar y, en su caso, laboral”. Y concluye que todas estas propuestas se han comunicado al juzgado, con el objeto de que, una vez producido el desalojo si así sucedía, “la persona ocupante de la vivienda pudiera tener la atención garantizada”.

Safira Sánchez en la casa que habitaba hasta hoy
Safira Sánchez en la casa que habitaba hasta hoy Nando Rivero

Pero desde Amnistía Internacional, la posición es bien distinta. Alfonso Sánchez, coordinador de esta organización en Castilla-La Mancha, en declaraciones a eldiarioclm.es, ha condenado “profundamente” el desahucio porque las administraciones “no han respetado las medidas obligatorias de la ONU y esta decisión puede suponer daños irreparables para Safira, que es una persona gravemente enferma”.

Amnistía Internacional: la Junta “no ha estado a la altura”

Con respecto a la actitud de los servicios de Bienestar Social en este caso, Sánchez sostiene que la Junta de Castilla-La Mancha “no ha estado a la altura de su responsabilidad”, ya que “debería haber concedido una vivienda social a la afectada antes de llegar a la situación extrema del desahucio”. Asimismo afirma que valoran tomar más medidas y que seguirán la evolución de la denuncia presentada por la Plataforma de Afectados por la hipoteca de Guadalajara ante el Comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Según ha confirmado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, que representa legalmente a Safira, Bienestar Social ofreció recientemente a la mujer afectada una ayuda de emergencia única de unos 500 euros o la posibilidad de vivir en un albergue de la ciudad alcarreña. Una solución que, desde Amnistía Internacional consideran que “no es válida para solucionar el problema de Safira, ya que podrían desalojarla de allí de nuevo”.

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