Enrique Alarcón reclama a las administraciones más recursos para que las personas con discapacidad y dependientes no se vean obligadas a romper su autonomía, teniendo que volver con sus familias

Los efectos del Covid-19 se han dejado notar en todos los segmentos de la sociedad y, cómo no, en el Tercer Sector, un colectivo muy frágil a los cambios.

El confinamiento decretado por el estado de alarma puso patas arriba las vidas de muchas personas con discapacidad y dependencia, que se vieron obligadas a acudir a las nuevas tecnologías para resolver las dudas y los problemas que se les planteaban tras el daño provocado por el coronavirus.

Muchas de estas personas viven en el medio rural, explica a La Tribuna el presidente de Castilla-La Mancha Inclusiva, Enrique Alarcón, donde no hay buenas conexiones a la red y, por tanto, donde se producen muchas dificultades para ponerse en contacto con las asociaciones y entidades que, hasta el momento, les daban aliento.

Pero las consecuencias del Covid no se quedan solo en no poder ponerse en contacto con una persona que les atienda y les escuche. Va más allá, advierte Alarcón.

Si las administraciones públicas no ponen toda la carne en el asador para paliar las graves consecuencias sociales y económicas que ha traído la pandemia, en España y en Castilla-La Mancha «se volverán a formar bolsas de exclusión social y marginalidad como las que teníamos hace 20 años».

«Nos encontramos ahora mismo en una situación gravísima. Una parte importantísima del colectivo, sobre todo las personas con mayor grado de discapacidad y las mujeres, se encuentran en una situación crucial para sus vidas. O forman parte activa de la sociedad o se volverán a formar bolsas de exclusión social y marginalidad como las que teníamos hace 20 años. Y lo digo con toda consciencia», alerta el presidente de Castilla-La Mancha Inclusiva.

En su opinión, hay que continuar avanzando en políticas inclusivas, más que nunca si cabe, y no reducir los recursos económicos que llegan de las administraciones públicas.
Insiste en que «no vale la buena voluntad ni las buenas palabras, necesitamos políticas trasversales y avanzar en políticas inclusivas con recursos, porque si no vamos a volver en pocos años, en cinco o diez años, a ver cómo las personas con discapacidad tienen que volver a vivir con sus familias para que les mantengan, rompiendo así su autonomía». «Tendrán que depender económicamente de sus familias, sobre todo en entornos rurales, y eso va a ser terrible», apunta.

No quieren ser los paganos. Los desvelos del presidente de Castilla-La Mancha Inclusiva pasan, especialmente, por no vivir de nuevo una crisis como la de 2008. En esos años, las entidades del Tercer Sector vieron como sus ingresos se redujeron entre un 75 y un 90%, algo que tras doce años, no se había recuperado del todo. «La crisis de 2008 nos golpeó como un zarpazo, perdimos muchos ingresos que todavía no habíamos recuperado». «El miedo que nos da a todas las entidades -añade- es que vayamos a ser los paganos de la crisis económica que va a venir y que va a ser muy dura».

En este punto, recuerda que los recursos económicos que las administraciones públicas destinan a estas entidades no es dinero perdido, sino que revierte en la economía y en el mundo laboral, generando riqueza. «Lo que no cabe es seguir manteniendo esa mentalidad absurda y errónea de que los gastos que van al Tercer Sector no revierten de nuevo en la sociedad o es dinero perdido. Es una inversión para que una parte importante de la población vaya adquiriendo autonomía personal y genere riqueza al final», explica.

Otra petición que Alarcón quiere hacer llegar a las administraciones es que hagan un mayor esfuerzo es dotar a las entidades y asociaciones del Tercer Sector de materiales tecnológicos para poder seguir en contacto con las personas que cuidan y atienden; y hagan también lo posible por que haya la mejor red de internet posible. En la época del coronavirus, estar sentado delante de un ordenador, formándose o resolviendo cualquier trámite administrativo, puede ser la mejor prevención para todos, también para las personas con discapacidad o dependientes.

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